Instancias de Seguimiento 2017-08-24T17:44:15+00:00

En el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC – EP, quedó estipulada la creación de diferentes instancias que tienen como objetivo hacer seguimiento a la implementación. Adicional a estas instancias, existen -mecanismo-, espacios creados y consolidados por organizaciones de la sociedad civil e instituciones independientes, para la articulación mediante el diálogo, de aportes oportunos y eficaces que buscan contribuir a la incidencia.

La Cumbre participa activamente realizando propuestas constantes tanto en instancias como mecanismos, con el fin de incidir para que los Derechos de las Mujeres y el enfoque de género queden plasmados en todas las decisiones que se tomen. 

Instancias de seguimiento para la implementación del Acuerdo de Paz

La CSIVI es la instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida legal, encargada del seguimiento, impulso y verificación conjunta de la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, y de la resolución de las diferencias que puedan surgir entre las partes firmantes del mencionado Acuerdo. 

Esta instancia estará integrada por tres representantes del Gobierno Nacional y tres representantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida legal, o del partido político que surja de su tránsito a la vida legal. Los representantes del Gobierno Nacional serán de alto nivel y serán designados por el Presidente de la República.

Esta Comisión es la encargada de  diseñar la política criminal para el desmantelamiento de las organizaciones que atenten contra la implementación de los acuerdos de paz. Además, creará mecanismos de protección para los líderes y lideresas de organizaciones políticas y sociales y defensores/as de Derechos Humanos y de esa manera prevenir los ataques y avanzar en las investigaciones por atentados y amenazas contra ellos/as. 

El Comité de Escogencia es un organismo creado por el Acuerdo de Paz para llevar a cabo los diferentes procesos de selección de los altos cargos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –SIVJRNR–.

A los integrantes de este Comité les corresponde ejecutar el proceso de designación de las personas que conformarán el Sistema Integral y que van a administrar justicia y garantizar los derechos de quienes, en condiciones de víctimas o de responsables, acuden al proceso judicial. Igualmente, el Comité de Escogencia designará los integrantes de los demás componentes del Sistema, quienes trabajarán en busca del derecho a la verdad, la reparación y garantías de no repetición.

Es un órgano temporal, de carácter extra-judicial, que se ha creado históricamente en procesos de transición (de dictaduras a la democracia y de conflictos armados a la paz) para esclarecer patrones de violencia. No es un mecanismo para administrar justicia sino para contribuir a la verdad y reconocer los derechos de las víctimas.

Por medio de la Resolución No 229 del 6 de febrero de 2017, se reglamenta el Consejo Asesor de la Defensoría del Pueblo y se establece que será la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz quien gracias a su trabajo y al posicionamiento adquirido en instancias de decisión y asesoría en temas de Derechos de las Mujeres, sea, en esta instancia, la que lidere la vocería de las organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres en Colombia.

1era misión

En enero de 2016 el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por medio de la Resolución 2261 el establecimiento de una Misión Política, a solicitud del Gobierno de Colombia y las FARC-EP, con el objetivo de verificar el compromiso de dichas partes en lo que se refiere al cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas.

2da misión

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el establecimiento de una segunda misión política en Colombia por un período inicial de 12 meses y bajo la dirección de un Representante Especial del Secretario General. 

La Misión se encargará de verificar la implementación del acuerdo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), en particular la reincorporación de esos militantes a la vida política, económica y social del país. Del mismo modo, también se cerciorará de que se respeten las garantías de seguridad personal y colectiva de esos miembros, así como la protección de comunidades y organizaciones en distintos territorios.

Es un mecanismo contemplado en el acto legislativo número 1 de 2016, que reduce el número de debates -en el Congreso- que se requieren para la aprobación de leyes y reformas constitucionales. En este caso, de todas las que se necesiten para aterrizar el acuerdo de paz que el Gobierno firmó con las FARC.

En Colombia, el ‘fast track’ o procedimiento legislativo especial para la paz, permite que trámites legislativos sean aprobados en tiempo récord. Por ejemplo, reformas constitucionales que usualmente tardarían un año, podrían tramitarse entre dos y tres meses.

Mecanismos de seguimiento a la implementación del Acuerdo final

Esta Mesa es la encargada de desarrollar todas las estrategias en materia de seguridad para la implementación de los acuerdos y la seguridad de los excombatientes de las FARC. 

Según lo acordado entre las partes, con la mesa técnica se garantizarán los derechos a la vida e integridad personal, libertad, movilidad y seguridad, de los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, así como de cada integrante de este mismo grupo en proceso de reincorporación a la vida civil dada su situación derivada del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias y de sus familias, según el nivel de riesgo.

Es un espacio de organizaciones mixtas y de mujeres, donde se elaboran propuestas buscando incidir en el Congreso de la República respecto a la legislación y los Decretos que se encuentren en trámite, todo ello con el ánimo de contribuir a la adecuada implementación del Acuerdo y a verificar que dicha implementación amplíe de manera efectiva la democracia y garantice el goce de los derechos humanos.